Mientras en Chile gobierno enfrenta a empresarios al promover cambio, en el Perú, jóvenes reclaman por Régimen Laboral que recorta derechos.
En Chile, la presidenta Michelle Bachelet apuesta por reforzar los derechos de los trabajadores y se enfrenta con el empresariado de su país. Aunque con marcadas diferencias, en el Perú la política laboral para el primer empleo camina en otra dirección con el recién aprobado Régimen Laboral Juvenil, lo que ocasionó multitudinarias marchas en rechazo a esta norma.
Desde el Ejecutivo, el presidente Ollanta Humala insiste en que esta norma fue pensada para darle a algo más de medio millón de jóvenes que están fuera de planilla una mejora laboral. Por ejemplo, la norma plantea acceso a seguro de salud, 15 días de vacaciones –en lugar de 30 como lo establece el régimen general del trabajo– y capacitaciones.
En cambio, en el caso del país sureño, Bachelet insistió al momento de presentar esta ley que su propuesta responde a "demandas impostergables" y llamó al "diálogo con altura" a los políticos de su país.
Pero ¿qué plantea exactamente este proyecto de ley chileno? Entre las principales medidas que consigna el diario La Tercera se incluye el fortalecimiento de los sindicatos, la ampliación de la negociación colectiva y el fin del reemplazo de trabajadores durante las huelgas.
En la actualidad, las empresas del país vecino pueden contratar a otros empleados en caso de huelga, lo que a juicio de las autoridades y sindicatos debilita esa herramienta de lucha.
Otro punto importante es que las compañías tendrán que proporcionar mayor información a sus sindicatos, como por ejemplo los balances de la empresa, estados financieros y otros antecedentes que sean de carácter público.
Patricio Navia, profesor de ciencia política de la Universidad Diego Portales de Chile aseguró que este nuevo periodo de Bachelet está dando un pequeño giro a la izquierda; sin embargo, aclaró que eso no implica un cambio de la política neoliberal chilena.
"Si se hace de manera progresiva, puede ser una de las mejores leyes", precisó Navia.
"Esta reforma protege a los trabajadores que tienen un empleo formal y amplía los derechos de sindicalización. Pero algunos economistas advierten que puede ocasionar que sea más caro el costo para contratar trabajadores y ocasionar una repercusión negativa en el empleo", apuntó al remarcar la necesidad de que sea progresivo.
En ese sentido, recordó por ejemplo que a diferencia de Perú, en el régimen chileno, los empleados solo tienen 15 días de vacaciones. En contraposición a los 30 días en el Perú.
"Técnicamente las leyes en el Perú son sólidas, pero inducen a que haya muchas personas que trabajen de modo informal. En Chile, el porcentaje de empleados formales es más alta. Por eso una ley que fortalece sindicatos será una buena ley", dijo.
Ante este escenario, opinó que en el Perú el reto es lograr incorporar a gran número de trabajadores al sistema formal.
"Las marchas por esta ley en el Perú tienen similitudes con las movilizaciones en Chile. Pero los pedidos son distintos porque aquí se marchaba por la educación. Los jóvenes peruanos están diciendo que quieren más derechos", refirió Patricio Navia.
En cuanto a la ley juvenil, el gobierno peruano prepublicará su reglamentación. Los jóvenes por su parte, ya en alianza con diferentes organizaciones y movimientos sindicales, han llamado a una jornada de lucha para este 15 de enero.
Las diferencias en la región
En el 2010, el Congreso colombiano aprobó una ley similar a la peruana, en la que busca que más jovenes sean contratados pero sin la necesidad de un régimen especial –a diferencia de la ley nacional–. La empresa que contrata a jóvenes puede restar de sus impuestos lo que pagó en prestaciones a este grupo.
En Argentina, una de las últimas reformas que busca dejar Cristina Fernández es también el fortalecimiento sindical, ya que debido a la rigidez de sus normas se abrió un mercado informal. Brasil que no ha realizado reformas en esta materia en más de 40 años, también evalúa una reforma.
La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) organizó esta semana en su sede, en Santiago de Chile, un seminario para evaluar cómo las políticas tributarias pueden mejorar la equidad en la región más desigual del mundo y difundió un documento al respecto. Aquí rescato algunas de las ideas que me parecieron más relevantes de ese informe y algunos de los números que nos sirven para comparar los niveles de tipos de cada país, como para comparar y observar el camino que falta recorrer hacia la justicia impositiva.
-“Durante la última década la mayoría de los países de la región experimentó un marcado crecimiento de la carga tributaria como porcentaje del PIB (especialmente a partir de 2002), junto con profundos cambios estructurales, como la consolidación del IVA, una significativa mejora de la participación de los impuestos directos (a la renta y el patrimonio) y el declive de los gravámenes sobre el comercio internacional. Entre 2000 y 2011 los ingresos fiscales totales de América Latina aumentaron del 19,6% al 23,6% del PIB, mientras que la carga tributaria (excluidos los aportes a la Seguridad Social) aumentó del 12,7% al 15,7% en América Latina.”
País Ingresos tributarios con Seguridad Social (% del PIB)
Cuba 38,8
Argentina 34,9
Brasil 34,8
Uruguay 26,5
Bolivia 22,1
Costa Rica 22
Chile 20,2
Ecuador 20,1
Nicaragua 19
Colombia 18,1
Panamá 17,8
Perú 17
Paraguay 16,1
Honduras 15,8
El Salvador 15,5
Guatemala 12,8
República Dominicana 12,8
Venezuela 12,5
México 11,4
Países OCDE 33,8
País Recaudación del impuesto al patrimonio (% del PIB)
Argentina 3,02
Brasil 1,85
Chile 0,71
Colombia 1,54
Costa Rica 0,33
El Salvador 0,08
Guatemala 0,19
México 0,3
Panamá 0,79
Paragua 0,31
Perú 0,52
República Dominicana 0,67
Uruguay 1,34
Venezuela 0,02
Países OCDE 1,77
-“El aumento ha sido heterogéneo, ya que los mayores incrementos de la carga tributaria (en el sentido restringido, sin Seguridad Social) se observaron en Argentina y Ecuador y alcanzaron dos o más puntos porcentuales del PIB en la mayor parte de países. Sin embargo, el avance ha sido menor en el grupo de países con menor carga tributaria, donde se destacan los casos de México y Venezuela, que durante el período considerado experimentaron una reducción de su carga tributaria (en el sentido más restringido).”
-“En aquellos países especializados en la explotación de recursos naturales no renovables aumentó la participación de los Estados en las rentas económicas —y en el aporte fiscal relativo— de los sectores exportadores de estos recursos (minerales e hidrocarburos) durante el último período de auge, entre 2003 y 2010. Entre 1999-2001 y 2009-2011, como proporción del PIB, los ingresos obtenidos de la explotación de productos primarios aumentó 7,2 puntos porcentuales del PIB en Ecuador, 4,5 en Bolivia, 3 en Argentina, 2,9 en Chile, 2,2 en Colombia y 1,4 en México y Perú. Solamente en Venezuela se redujo 0,4, aunque junto con los demás exportadores de hidrocarburos continuó exhibiendo una alta dependencia fiscal de los recursos naturales no renovables al representar más del 30% de ingresos fiscales totales en estos países (Bolivia, Ecuador y México). Otros países de la región con un menor grado de dependencia fiscal de estos recursos (representando alrededor del 10% y el 20% del total de ingresos) incluyen a Chile, Colombia y Perú, además de Argentina, con ingresos fiscales obtenidos de impuestos aplicados a sus exportaciones agropecuarias.”
País Ingresos fiscales provenientes de la explotación de materia prima (% del total)
Argentina 13,6
Bolivia 29,9
Chile 17,3
Colombia 16,2
Ecuador 34,5
México 32,5
Perú 9,3
Venezuela 39,2
-“En los países de la región que poseen hidrocarburos la forma más directa en la que los gobiernos se han apropiado de los ingresos por su explotación ha sido a través de empresas públicas o teniendo participación accionaria en ellas, o mediante la renegociación de los contratos con las empresas exportadoras, como ocurrió en Ecuador. En cambio, en el sector de la minería, donde la captación de recursos por la vía de la participación estatal en empresas ha sido de menor importancia relativa —aunque no ausente—, las regalías u otros impuestos han permitido asegurar un pago mínimo por los recursos a los gobiernos tanto nacionales como subnacionales.”
-“Desde 2000 hasta 2011 continuó fortaleciéndose el IVA recaudado como proporción del PIB en América Latina (pasando del equivalente al 5,1% al 6,7% del PIB en este período). Se trata de una tendencia que comenzó hace cuatro décadas y que más recientemente responde a su extensión a los servicios intermedios y finales. Los países con las tasas más altas incluyen a Argentina (21%), Brasil (20,5% en promedio), Chile (19%), Perú (18%) y Uruguay (22%), que han alcanzado tasas similares a la mayoría de países europeos miembros de la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE). Existe una brecha considerable con el resto de los países de la región, que acaban de impulsar reformas de este impuesto y que poseen tasas generalmente comprendidas entre el 12% y el 17%, además de los singulares casos de Paraguay (10%) y Panamá (7%).”
País Tasa general del IVA (%)
Argentina 21
Bolivia 14,9
Brasil 20,5
Chile 19
Colombia 16
Costa Rica 13
Ecuador 12
El Salvador 13
Guatemala 12
Honduras 12
México 16
Nicaragua 15
Panamá 7
Paraguay 10
Perú 18
República Dominicana 16
Uruguay 22
Venezuela 12
Países OCDE 18,5
-“Una explicación de los diferentes niveles de recaudación (y productividad) del IVA en la región, además de las tasas diferentes, es la existencia de exoneraciones y tratamientos diferenciales. Colombia, Costa Rica, Ecuador, México, Nicaragua y Venezuela se encuentran entre los casos con mayor cantidad de operaciones exentas del IVA. En el último quinquenio (2008-2012) algunas reformas (especialmente en los países centroamericanos: El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua) fueron dirigidas a ampliar la base imponible del IVA mediante la reducción del número de bienes y servicios exentos, o se precisaron las condiciones en que podían darse ciertas exenciones. En otros países (México, Perú y Venezuela) aumentaron las tasas sin modificaciones en la base imponible, mientras que en la mayor parte de países en que aumentaron las alícuotas tendió a reducirse de manera selectiva la base imponible mediante el establecimiento de tasas cero o rubros exentos (Colombia y Panamá). La excepción fue República Dominicana, donde coincidieron aumentos de las tasas con reducciones de las exenciones o rubros a los cuales se aplicaba la tasa cero, lo cual permite suponer que el efecto recaudador de esta reforma sería mayor que en el caso del resto de los países.”
País Recaudación del IVA (% del total)
Argentina 23,5
Bolivia 32,3
Brasil 23
Chile 38,7
Colombia 30,7
Costa Rica 23,6
Ecuador 34,3
El Salvador 44,8
Guatemala 41,4
Honduras 35,2
México 18,7
Nicaragua 32,3
Panamá 16,2
Paraguay 37,9
Perú 37,9
República Dominicana 33,3
Uruguay 34,9
Venezuela 48,3
Cuba 43,5
Países OCDE 19,6
-“Hubo dos innovaciones que llaman la atención en el ámbito de la tributación indirecta en el último quinquenio. Por un lado, en Uruguay se extendió la exención al consumo pagado con tarjeta de crédito por parte de aquellos hogares con menores ingresos, de manera que se mejoró la equidad del sistema, dejando de exonerar del impuesto a los bienes básicos para todos los niveles de ingresos y concentrando la exención directamente en las personas de menores ingresos mediante una transferencia electrónica de fondos. Por otro, y como parte de un relativo fortalecimiento de impuestos selectivos al consumo, existe creciente evidencia de la introducción de criterios ambientales en la aplicación de impuestos, especialmente en vehículos (Ecuador y Panamá), pero también aplicables a plásticos y combustibles (Ecuador y Perú).”
-“Como porcentaje del PIB el impuesto sobre la renta en América Latina habría aumentado del equivalente al 3,2% del PIB en 2000 a un 4,9% en 2011. La persistencia de un régimen legal de recaudación del impuesto sobre la renta sesgada hacia las personas jurídicas en comparación con las personas naturales, numerosas exenciones y exoneraciones y un nivel de ingresos mínimos exentos elevado ha reducido su recaudación y equidad. Sin embargo, en el último quinquenio se han impulsado varias reformas del impuesto sobre la renta que en varios casos han incluido alzas de las alícuotas (Bolivia, Chile, Ecuador, El Salvador, Honduras, México, Perú y Uruguay) además de ampliaciones de la base imponible de este impuesto. En algunos casos se han reducido ciertas alícuotas (Guatemala, Nicaragua, Panamá, República Dominicana) o se redujo la base imponible ya sea como consecuencia de nuevas exenciones o deducciones (Chile, Panamá) o del aumento del mínimo exento en algunos países (Guatemala, Nicaragua, Panamá). No obstante, ha predominado el efecto positivo de ampliaciones de las bases imponibles del impuesto debido a la extensión de la tributación al conjunto de ingresos del trabajo y de las rentas de capital, incluida la aplicación de impuestos a dividendos (Colombia, Guatemala, El Salvador, Nicaragua, Panamá, Perú, República Dominicana), además de otras medidas que han incluido el establecimiento de impuestos mínimos, la reducción de exenciones, la precisión de gastos deducibles para acotarlos, la gradual reducción del nivel de ingreso real al cual es aplicada la máxima tasa marginal y cierto control de los precios de transferencia.”
-Para analizar la justicia del impuesto a la renta, conviene observar a partir de qué niveles de ingresos se comienza a pagar este tributo. En vez de medirlos en dólares, por ejemplo, se los mide como porcentaje del PIB per cápita de ese país. Cuanto menor nivel, más personas incluidas en el impuesto. Cuanto mayor nivel, más exentos. A su vez, también se suele indagar sobre con qué niveles de ingresos se pagan los tipos máximos del gravamen, y otra vez la base de comparación es la renta personal de cada país. Cuanto menor nivel, más individuos pagan el tipo maximo. Cuanto mayor, menos. Veamos qué sucede en Latinoamérica:
País Nivel de renta para la aplicación de tipo mínimo de impuesto a la renta
(en número de veces del PIB per cápita)
Argentina 0,3
Bolivia 0,2
Brasil 1,1
Chile 1
Colombia 2,8
Costa Rica 1,9
Ecuador 2,2
El Salvador 0,4
Guatemala 1,6
Honduras 2,9
México 0,5
Nicaragua 2,1
Panamá 1,4
Perú 1,7
República Dominicana 1,8
Uruguay 0,7
Venezuela 1,5
País Nivel de renta para la aplicación de tipo máximo de impuesto a la renta
(en número de veces del PIB per cápita)
Argentina 3,7
Bolivia 0,2
Brasil 2,7
Chile 11,2
Colombia 10,7
Costa Rica 2,9
Ecuador 22,3
El Salvador 3,4
Guatemala 14,4
Honduras 13,1
México 3,4
Nicaragua 20,7
Panamá 4,1
Perú 14,7
República Dominicana 3,8
Uruguay 10,3
Venezuela 12,7
-“Un aspecto relativamente innovador en materia del impuesto sobre la renta, especialmente claro en el caso de la reforma del impuesto sobre la renta en Colombia (2012), es una tendencia todavía incipiente de hacer de este impuesto un instrumento para favorecer el empleo formal, eliminando los recargos basados en el monto de la nómina salarial y obteniendo los recursos que se dejaron de recaudar debido a esta medida por la vía de gravámenes aplicables a activos fijos. De esta manera se contribuye a redistribuir la carga fiscal desde empresas en sectores que usan más empleo formal hacia aquellas que son más intensivas en capital, en particular el sector minero.”
-Las exenciones impositivas en IVA, gravamen a la renta y otros provocan pérdidas de recaudación al fisco. A veces están justificadas, por tratarse de productos básicos o sectores económicos que requieren de ayuda al desarrollo, pero en otras oportunidades se trata del resultado de presiones de grupos de poder. Veamos sus costes:
País Coste de exenciones tributarias (% del PIB)
Argentina 2,21
Brasil 2,29
Chile 4,97
Colombia 3,52
Ecuador 4,6
Guatemala 7,91
México 5,92
Perú 2,05
-“Diversos tipos de evidencia empírica apuntan a la existencia de relaciones de reciprocidad entre los contribuyentes y el Estado, lo que se refleja concretamente en la voluntad expresada por la mayoría de los hogares de pagar más impuestos en la medida en que mejore la calidad de los servicios públicos de salud, educación y seguridad, con menos corrupción y más control de la evasión. En este sentido, puede considerarse que existe espacio para avanzar con estrategias de política fiscal (pactos fiscales implícitos o explícitos) basadas en propuestas que hagan efectiva esa reciprocidad mediante mejoras de la calidad de la gestión pública.”
-Los impuestos deberían servir para redistribuir los ingresos, pero no siempre eso sucede. Veamos qué sucede con el coeficiente Gini (0 es indicador de la sociedad más igualitaria y 1, la más inequitativa) antes y después del pago de tirbutos:
País Coeficiente Gini (desigualdad social)
Antes de impuestos Después de impuestos
Colombia 0,53 0,45
República Dominicana 0,51 0,47
Chile 0,57 0,55
Uruguay 0,49 0,48
Argentina 0,51 0,5
El Salvador 0,51 0,5
Costa Rica 0,57 0,56
Brasil 0,61 0,61
Nicaragua 0,59 0,59
Panamá 0,63 0,63
Honduras 0,56 0,56
Ecuador 0,4 0,4
Venezuela 0,42 0,42
Guatemala 0,59 0,59
Perú 0,53
0,5
