El directorio del Partido Movimiento Democrático Brasileño, el más grande del país, decidió en sólo 3 minutos de discusión romper su coalición con la administración izquierdista del PT. Los seis ministros de la formación dejarán el Gabinete antes del 12 de abril
El Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB), que lidera el vicepresidente Michel Temer, rompió hoy con la presidente Dilma Rousseff y se declaró "independiente", incluso respecto a un posible juicio político contra la mandataria.
"El PMDB se retira de la base de gobierno de Rousseff", proclamó el senador y vicepresidente del partido, Romero Juca, que presidió la reunión en el Congreso en Brasilia, en medio de aplausos y de gritos de "¡Brasil presente, Temer presidente!", en referencia al vicepresidente Michel Temer, favorable a la ruptura.
El PMDB es la mayor fuerza política del país con 69 diputados y 18 senadores, claves para Rousseff, que intenta contener un proceso de destitución en el Congreso por presunta manipulación de las cuentas públicas. Gobierna, además, en siete de los 27 estados del país, pero su mayor base está en el plano municipal, en el que cuenta con 1.041 de las 5.570 alcaldías del país.
La ruptura del PMDB puede poner en juego la supervivencia política de la presidente, que enfrenta un proceso en el Legislativo y necesita el apoyo del que hasta hoy era su principal socio de gobierno para esquivar el juicio parlamentario.
La decisión ordena la entrega de todos los cargos que los afiliados a esa formación tienen en el Gobierno, lo que incluye a siete de los 31 ministros, aunque uno ya se adelantó. El titular de Turismo, Henrique Alves, se anticipó un día a la decisión del partido, presentó su renuncia este lunes y ya ha sido aceptada por Rousseff.
Todavía en manos de dirigentes del PMDB están las carteras de Minas y Energía, Salud, Agricultura, Puertos, Aviación Civil y Ciencia y Tecnología, cuyos titulares deberán renunciar al Gobierno o correr el riesgo de sanciones en el seno del partido, que pueden llegar a la expulsión.
Temer, primero en la línea sucesoria en caso de una destitución de Rousseff, no asistió a la reunión celebrada en Brasilia para "no mezclar las funciones institucionales de la vicepresidencia con las cuestiones partidarias", según explicó el propio PMDB.
Tampoco asistió el presidente del Senado, Renán Calheiros, otro de los dirigentes más importantes del partido, pues como "puede ser quien presida el juicio político contra Rousseff", optó por evitar el debate interno, según dijo el senador Romero Jucá.
El Gobierno batalla con una severa crisis, alimentada por los escándalos de corrupción de la estatal Petrobras y por una recesión económica de escala histórica.
NO PUEDEN PERMITIRSE VIVIR SOLOS
Cerca del 35% de los hurtos que se producen en tiendas de Japón, son responsables personas mayores de 60 años de edad que no pueden permitirse vivir solos. Con este comportamiento tan atípico, los ancianos buscan ir a la cárcel, donde les proporcionan comida y asistencia sanitaria gratuita.
Las cárceles japonesas se llenan de jubilados, que no pueden permitirse vivir solos. Es el triste drama por el que cientos de personas mayores de 60 años, se ven obligadas a robar en las tiendas.
Según informa Financial Times, cerca de un 35% de los hurtos que se producen en las tiendas de Japón, corren a cargo de jubilados. De esos hurtos, muchos son reincidentes. Y, según cifras de 2013, de estos reincidentes, un 40% cometieron el crimen en más de cinco ocasiones. Un 460% más que en el año 1991.
Ante esta situación, muchos son los expertos que tratan de buscar una explicación, y coinciden en que es probable, que las personas de la tercera edad que cometen estos delitos, sea para ingresar en prisión, y así mejorar sus condiciones de vida. Ya que les ofrecen comida y asistencia sanitaria gratuita. Unos gastos, que muchos jubilados no podrían asumir.
"La situación social en Japón ha empujado a las personas de avanzada edad a la necesidad de cometer crímenes", explica el investigador Akio Doteuchi.
Según indica la tendencia demográfica, hasta 2060 el 40% de la población japonesa tendrá más de 65 años. De este modo, el gasto medio de un jubilado será un 25% mayor que la pensión básica , unos 6.200 euros anuales. Actualmente un 40% de los jubilados viven solos.
Los expertos aseguran también que esta situación irá en aumento, por las "ventajas" que ofrece el ingreso en prisión, a cientos de jubilados.
El mensaje presidencial reconoce la imposibilidad de llegar a un acuerdo en la Mesa del Sector Público para consensuar una cifra, pero se resalta el esfuerzo fiscal por tratar de aproximarse a las aspiraciones de los trabajadores y para entregar un mayor incremento para auxiliares, administrativos y técnicos. Entre las exclusiones que se definen para la aplicación del reajuste están: la Presidenta de la República, los Ministros de Estado y los parlamentarios.
Sin acuerdo con los gremios del ámbito público ingresó esta mañana a trámite legislativo, a la Cámara de Diputados, el proyecto del Ejecutivo por el cual se propone un reajuste salarial de un 4% para los funcionarios del sector, el que, por primera vez, no será aplicable a las altas autoridades del país, entre ellas: la Presidenta de la República, los Ministros de Estado y los parlamentarios.
En la iniciativa legal (boletín 10413), que será analizada esta tarde en la Comisión de Hacienda a partir de las 15:30 horas, el Gobierno resalta que, a pesar de los esfuerzos de ambas partes (Gobierno y gremios), en esta ocasión no fue posible alcanzar un acuerdo con la Mesa del Sector Público.
"Por ello, el Gobierno ha decidido enviar a consideración del Honorable Congreso Nacional la presente propuesta de reajuste que conjuga responsabilidad fiscal con aproximarse a las legítimas aspiraciones de los trabajadores, poniendo especial énfasis en aquellos de menores remuneraciones", remarca el Ejecutivo en el mensaje, el cual fue dado a conocer en la cuenta de la Sala de hoy.
En la propuesta, el Gobierno explica que se propone un reajuste general de remuneraciones, a partir del 1 de diciembre de 2015, de un 4,0%, el que se complementa con un esfuerzo especial por aumentar las remuneraciones de los funcionarios públicos de menores rentas. "Es así como, a contar de dicha fecha, se propone una remuneración bruta mensual mínima de $331.700, para auxiliares; de $369.150, para administrativos; y de $392.690, para técnicos, lo que representa incrementos de 7,0%", se precisó.
Exclusiones del reajuste
El proyecto de ley de reajuste establece que este no regirá para el Presidente de la República, los ministros de Estado, los subsecretarios, los intendentes, el presidente de la Corte Suprema, los ministros de la Corte Suprema, el fiscal de la Corte Suprema y el contralor General de la República. "En consecuencia, el reajuste de este proyecto de ley no se aplicará a los sueldos bases mensuales de los grados asignados a las referidas autoridades en las Escalas de Sueldos correspondientes, ni a las remuneraciones, asignaciones, beneficios y demás retribuciones asociadas a los grados antes señalados y demás remuneraciones que correspondan a las mencionadas autoridades", se puntualiza.
Asimismo, se especifica que, en virtud de lo recién indicado, no se reajustará la dieta que perciben los diputados y senadores, consagrada en el artículo 62 de la Constitución Política de la República, dando cumplimiento con ello al Protocolo de Acuerdo suscrito el 21 de septiembre de 2015, entre el Gobierno y los Presidentes del Senado y de la Cámara de Diputados.
En la misma línea, tampoco se reajustará la renta mensual de los ministros del Tribunal Constitucional, del presidente del Consejo para la Transparencia, del Fiscal Nacional y del Director Ejecutivo Nacional del Ministerio Público.
"En consecuencia, no estarán afectas al reajuste establecido por este proyecto de ley todas las dietas y remuneraciones que se determinen conforme a la normativa aplicable a las autoridades a quienes no se les aplicará el reajuste de sus remuneraciones", se detalla.
En todo caso, se alerta que, en el marco de la autonomía financiera de las universidades estatales, ellas podrán reajustar las remuneraciones de sus funcionarios, teniendo como referencia el reajuste del sector público.
Otros alcances del proyecto
Como es tradicional, el proyecto de ley incluye otra serie de beneficios sociales, entre ellos, los aguinaldos que recibirán los funcionarios públicos tanto en Navidad de este año, como en fiestas patrias del próximo; el bono de escolaridad; aporte a los servicios de bienestar; aporte a los establecimientos de educación superior para los beneficios sociales incluidos en esta ley para sus trabajadores; y bonificación de nivelación.
La iniciativa también concede en 2016, a los pensionados del Instituto de Previsión Social, del Instituto de Seguridad Laboral, de las Cajas de Previsión y de las Mutualidades de Empleadores de la ley Nº 16.744, a los pensionados del sistema establecido en el DL 3.500, de 1980, que se encuentren percibiendo pensiones mínimas con garantía estatal, pensionados del sistema establecido en dicho decreto ley que se encuentren percibiendo aporte previsional solidario de vejez, y a los beneficiarios de pensiones básicas solidarias de vejez, en las condiciones que establece el artículo 20 del presente proyecto de ley, un bono de invierno de $57.298.
Dicho bono se pagará en el mes de mayo del año 2016, a todos los pensionados antes señalados que el primer día de dicho mes tengan 65 o más años de edad y cuyas pensiones no superen cierto monto, que en cada caso se señala, a la fecha del pago del beneficio. Además, se incluye aguinaldos de fiestas patrias y Navidad para los pensionados del Instituto de Previsión Social, del Instituto de Seguridad Laboral, de las Cajas de Previsión y de las Mutualidades de Empleadores de la Ley 16.744, beneficiarios de pensiones básicas solidarias y pensiones mínimas con garantía estatal, entre otros.
La propuesta, asimismo, incluye una bonificación extraordinaria para enfermeras, matronas, enfermeras-matronas y otros profesionales de colaboración médica; un bono de vacaciones ($104.000, para los trabajadores con remuneración líquida igual o inferior a $686.400; y $72.800, para aquellos con remuneración líquida que supere tal cantidad y no exceda de los $2.272.997); una reajustabilidad de la planilla suplementaria; montos diferenciados de aguinaldos y bonos para quienes perciben asignación de zona; bono de desempeño laboral a los asistentes de la educación; define un sistema de equidad en materia de viáticos; y consagra el derecho a un feriado aumentado de cinco días hábiles para regiones extremas del país, entre otros varios beneficios y normas.
Deben donar alimentos sobrantes a la caridad.
Francia no quiere ver a más personas rebuscando en los contenedores de basura que se encuentran cerca de las grandes superficies. ¿Van a multar a quien lo haga, como se hace en algunas ciudades de España? Nada más lejos de la realidad: van a obligar a los supermercados a donar toda la comida sobrante a organizaciones caritativas.
“La epidemia de la comida desperdiciada por toda Francia”. Así ha denominado el diputado socialista Guillaume Garot a este problema que su grupo parlamentario piensa solucionar con la medida. “Es escandaloso ver cómo los supermercados tiran lejía en los mismos contenedores en los que hay alimentos perfectamente comestibles”, asegura este exministro.
La ley, que se aprobó el pasado jueves en la Asamblea Nacional, prohíbe que las compañías arruinen la comida que no se haya vendido antes de tirarla, y además las obliga a firmar contratos antes del mes de julio con organizaciones que repartan alimentos entre los más necesitados. Si no lo hacen, se arriesgan a ser sancionados con multas de hasta 75 mil euros o dos años de prisión.
Según los cálculos oficiales, en Francia cada habitante tira 30kg de comida al año, un desperdicio que en total cuesta 20 mil millones de euros. El objetivo es que en 2025 no se tire comida aprovechable a la basura en toda la nación.
Además de esta medida, la ley también contempla la implementación de programas educativos para niños, adultos y empresas para evitar este desperdicio. Además, el pasado mes de febrero se aprobó una norma que eliminaba la fecha de consumo preferente en los alimentos frescos.
Por su parte, la “Fédération du Commerce et de la Distribution”, en español “Federación de Comercio y Distribución”, que representa a las grandes superficies se ha quejado de que la ley solo está diseñada para perseguirles a ellos, cuando según defienden “solo representamos el 5% del desperdicio total de comida en Francia”.
